En Colombia, al final de cada año, los representantes del gobierno, de los empresarios y de los trabajadores se sientan a discutir el incremento del salario mínimo. La idea de la discusión es que las tres partes lleguen a un acuerdo, teniendo en cuenta los impactos sociales, políticos y económicos que puede generar cualquier tipo de decisión.

Desde el punto de vista social, el salario mínimo toma gran importancia dado que puede afectar el nivel de pobreza y desigualdad en las economías, mediante incrementos en el desempleo o la informalidad. Desde la perspectiva económica, el salario mínimo puede servir como instrumento de política antiinflacionaria, ya que es considerado como pieza clave en el tema de costos de producción, gasto público y a su vez en las expectativas de inflación. Finalmente, el punto de vista político es uno de los más importantes a la hora de fijar el salario mínimo, ya que si no hay un consenso entre los tres jugadores, es el Gobierno quien toma la decisión, sin dejar a un lado sus fines políticos.

Es el bienestar social lo que se quiere buscar al establecer un salario mínimo, controlando el poder de los empresarios a la hora de hacer contrataciones para que se logren remuneraciones justas y evitando así el empleo informal. Sin embargo, son los intereses particulares de los tres jugadores los que impiden llegar a un consenso.